Test Celadores - Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público - 1 — 20 preguntas

1.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se aplica:

Únicamente a la Administración General del EstadoExclusivamente a las Administraciones de las Comunidades AutónomasA la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, a las Entidades que integran la Administración Local y al sector público institucionalExclusivamente a la Administración General del Estado y a las Administraciones de las Comunidades

2.

Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál de las siguientes competencias podría ser objeto de delegación?:

Los asuntos que se refieran a relaciones con las Asambleas Legislativas de las Comunidades AutónomasLa adopción de disposiciones de carácter generalLa resolución de un recurso de alzada en el órgano administrativo que haya dictado el acto objeto de recursoNinguna de las respuestas anteriores es correcta

3.

Indique cuál de los siguientes es un principio de la potestad sancionadora conforme a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

Principio de legalidadPrincipio de prudenciaPrincipio de tutela judicial efectivaNinguna de las respuestas anteriores es correcta

4.

El artículo 46 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, se refiere al archivo electrónico de documentos, estableciendo que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán:

En archivos físicos y en documentos electrónicosPor medios electrónicos, en todo casoPor medios electrónicos, salvo cuando no sea posiblePor cualquier medio que asegure la efectiva trazabilidad y seguridad del documento

5.

Indique la afirmación correcta:

Las Administraciones Públicas se ocupan principalmente de los intereses individualesLas Administraciones Públicas sirven con objetividad sus intereses propiosLas Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generalesLas Administraciones Públicas se sirven de los intereses particulares para el cumplimiento de sus objetivos

6.

Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter:

Meramente consultivoPrincipalmente ejecutivoDeclarativoPreceptivo

7.

Indique la afirmación correcta en relación con lo dispuesto para la delegación de firma en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

Ningún órgano administrativo puede delegar su firmaSolo puede delegar su firma una Dirección GeneralLa delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicaciónLa Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud solo puede delegar su firma en la Consejería de Sanidad

8.

El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público se refiere a la competencia indicando que es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia:

Salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyesSin excepción algunaSalvo los casos de ausencia del titular, cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras leyesSalvo los casos de vacante, cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras leyes

9.

El personal al servicio de la administración que interviene en un procedimiento y advierte que le une un parentesco de primer grado de afinidad con cualquiera de los interesados, debe:

Delegar su firmaDelegar la competencia para resolverAbstenerse de intervenir en el procedimientoContinuar la tramitación del mismo, al no incurrir en irregularidad alguna

10.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece en su artículo 27 que las infracciones administrativas se clasificarán por la Ley en:

Mínimas, menores y máximasMuy leves y menos gravesLeves, graves y muy gravesTípicas, imprudentes y dolosas

11.

De acuerdo con lo dispuesto el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en relación con la prescripción:

Interrumpirá la prescripción la instrucción, sin conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa imputable al presunto responsableEl plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que se haya iniciado el procedimiento sancionador o haya transcurrido el plazo para recurrirloEl plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que se incoe el procedimiento sancionadorEn el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso

12.

Según el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en ningún caso podrá ser objeto de delegación las competencias relativas a:

La resolución de los recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recursoLas materias que así se determinen por una norma con rango reglamentarioLa adopción de actos administrativosLos asuntos que se refieran a relaciones con otras unidades administrativas

13.

En relación con lo dispuesto para la abstención en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

No se considera motivo de abstención, el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesadosLa actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenidoLa no abstención en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas, será requisito previo para que los interesados puedan instar la recusaciónLa actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicarán la invalidez de los actos en que hayan intervenido

14.

En relación con la avocación, según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

En todo caso, se realizará mediante acuerdo informado por el órgano consultivo competente, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicteEn todo caso, se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicteEn ningún caso podrá realizarse mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicteNo supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda

15.

Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá previos los informes y comprobaciones que considere oportunos, en el plazo de:

3 días5 días10 días15 días

16.

Si alguna disposición atribuye la competencia a una administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, el artículo 8.3 De la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dispone:

Se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos jerárquicamente superiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano jerárquicamente superior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estosSe entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá al superior jerárquico común de estosNinguna disposición puede atribuir competencias a una Administración sin especificar el órgano que debe ejercerlaNinguna de las respuestas anteriores es correcta

17.

Según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por:

Una disposición de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abrilUn acto administrativo firme, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abrilUna Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abrilTodas las respuestas anteriores son incorrectas

18.

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia, así como de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevénLas resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia, salvo que se deduzca claramente de su contenido y se considerarán dictadas por el órgano firmante a efectos de los recursos que procedanLa encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomiendaLa delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste

19.

Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es causa de resolución de un convenio:

El cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objetoEl acuerdo mayoritario de todos los firmantesEl incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantesLa decisión judicial declaratoria de la anulabilidad del convenio

20.

Según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter potestativoTendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan competencias establecidas en los reglamentos de carácter preceptivoTendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivoNo podrán tener la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros